Cada 24 horas se intentan 6,700 extorsiones. Hasta diciembre 2010 se intentaban 6,179 extorsiones. El 31% de los afectados paga la extorsión, siendo las amenazas de supuestos Zetas y La Familia Michoacana, las que mayor impacto generan y por lo tanto las que más ingresos producen a los delincuentes.

Se ha detectado un incremento del 2% de bandas de extorsionadores que operan fuera de los penales, es decir, el 7% de las extorsiones son realizadas por personas en libertad.

Del 2001 al 2011 los extorsionadores han obtenido más de 978 millones de pesos a nivel nacional.

Se emplean más de 715 mil celulares, el 52% son originarios del D.F. y se ha detectado que el 7% son de los E.U., es decir, hay personas en libertad operando desde el país vecino. Incluso hay reos en la ciudad de México que operan con celulares correspondientes a Michoacán, Puebla, Sonora, Tabasco y Durango.

De 916 bandas que operaban en los penales, hoy se sabe que siguen operando 853. El 90% lo hace desde penales capitalinos.

En 10 años se han intentado más de 21,800.000 extorsiones.

Se ha incrementado la participación de mujeres, tanto como operadoras de la extorsión, como cobradoras. Hasta finales del 2010 el 6% de extorsionadores eran mujeres. En el 2011 , representan el 9%.

Los 10 estados más afectados son: 1.- D.F, 2.- Estado de México, 3.-Michoacán,4.- Jalisco, 5.- Tabasco, 6.- Puebla, 7.- Nuevo León, 8.-Guerrero, 9.- Chiapas, 10.- Tamaulipas.

El 12% de las extorsiones se paga con joyería, eletrónica, autos y se han registrado 11 casos donde se pagó con terrenos.

En el D.F. hay 32 bandas operando en libertad, sin ningún nexo con reos y demandan el pago personalmente, es decir, citan a las víctimas en diversos puntos para que abandonen el pago y es recuperado por los extorsionadores de inmediato.

Este tipo de bandas, ha secuestrado a la persona que se presentó a realizar el pago. El secuestro dura entre 4 y 7 horas, se inicia la negociación con 200 mil pesos pero acceden a liberar a la victima con rescates de 30 a 50 mil pesos, a fin de evitar la intervención de policías. Es decir, realizan una negociación en horas y obligan a los familiares a mantenerse en línea hasta que se paga el rescate, así se dificulta que pida auxilio.